Cuando en noviembre de 1975 el rey Hassan II de Marruecos, aprovechando la decadencia del régimen franquista, promovió una marcha popular para ocupar los territorios del Sáhara Occidental Español, el gobierno de Arias Navarro ya había acordado desde 1966, bajo auspicio de la ONU, ratificar un referéndum de independencia para dicha región, considerada la 45ª del estado español desde 1958. Marruecos, años después, y temeroso de que ese referéndum pudiera realizarse y resultara favorable para la causa saharaui, recurrió a la Asamblea General de Naciones Unidas en 1975 para instar a este organismo de que el referéndum no se realizara[1]. Por ello Naciones Unidas solicitó a la Corte Internacional de Justicia que elaborara un veredicto sobre la situación del Sáhara, y que estudiara la historia y situación de tales territorios. El veredicto fue claro: si bien era cierto que tales territorios poseían vínculos con Marruecos, especialmente en cuanto a tierras y la subordinación de éstas, el Sáhara Occidental, siguiendo las directrices de la resolución 1514 de 1960 elaborada por Naciones Unidas (La Declaración de Garantías de Independencia para las Colonias y los Pueblos), debía elaborar un referéndum de independencia. Pero el gobierno de Hassan II no interpretó el veredicto como tal, sino que únicamente dio por valida la resolución que alegaba vínculos del Sáhara Occidental con Marruecos. Por lo tanto, una gran turba popular, organizada por el gobierno marroquí y denominada la Marcha Verde, se dirigió en Noviembre de 1975 hacia los territorios del Sáhara Occidental, para así ocupar una zona que Marruecos consideraba soberana. La creación del Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, territorios reivindicados por la población del Sáhara Occidental Español) en 1973 y la denominada marcha verde marroquí en 1975 propiciaron los Acuerdos de Madrid del 16 de Noviembre de 1975, en los que España cedió la administración del territorio a Marruecos y Mauritania, países que compartían frontera con el Sáhara Occidental. Meses después y ya fallecido Francisco Franco, España se desvinculó de su soberanía en el Sáhara retirando las tropas el 27 de Febrero de 1976. Ese mismo día el Frente Polisario proclamó la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) apoyada por Argelia, y Marruecos ocupó militarmente la zona, hechos que propiciaron el inicio de una guerra que, una vez España desligada del Sáhara, enfrentó a Marruecos, Mauritania y el Frente Polisario por unos territorios realmente ricos en fosfatos y recursos pesqueros. Mauritania, que únicamente controlaba la ciudad sureña de La Aguera, cercana a la frontera con éste país, firmó la paz con el Frente Polisario en agosto de 1978. Fue entonces cuando el conflicto se convirtió en una lucha por la soberanía del Sáhara entre dos únicos bandos: el Frente Polisario y Marruecos.
El gobierno de Argelia, que era aliado y reconocía la RASD, construyó en su país una serie de campamentos al sur de Tinduf donde podrían vivir los saharauis desplazados de su territorio tras la ocupación total de Marruecos. El régimen alaui se mantenía firme en su decisión de mantener su soberanía sobre el Sáhara, por lo que entre 1980 y 1987 levantó un muro defensivo de alrededor de 2.500 km que separaba la zona ocupada por la RASD, cercana a Argelia, y la zona que Marruecos ocupaba militarmente.
Desde 1991, año en el que la ONU intervino en el Sáhara creando la resolución 690, que debía garantizar un alto el fuego entre el Polisario y Marruecos, la repatración de prisioneros de ambos bandos y un referéndum de independencia, todo ello vigilado por una misión de la ONU presente allí (MINURSO), la situación del Sáhara se ha mantenido estancada y no ha evolucionado favorablemente. La guerra entre el Polisario y Marruecos terminó, pero el referéndum de independencia seguía sin celebrarse. Ni la intervención de la MINURSO, ni la mediación entre ambos gobiernos fomentada por expertos diplomáticos como Christopher Ross han conseguido que las partes implicadas en el conflicto puedan llegar a un consenso en el que se solucione el problema.
Pero la situación no podía sostenerse más. El gobierno marroquí, según afirmaba la población saharaui, vulneraba los derechos de la población del Sáhara, les impedía obtener empleo y una vivienda digna. Las protestas, incluso en un régimen tan estricto y duro como el marroquí, no se hicieron esperar. El 10 de octubre de 2010 entre 10.000 y 20.000 personas, habitantes de la zona del Sáhara Occidental gobernada por Marruecos, se instalaron en Gdem Izik, una zona prácticamente desértica a 14 km de El Aiún, capital del Sáhara y gobernada por Marruecos. Estas decenas de miles de personas levantaron un campamento de protesta denunciando una grave vulneración de sus derechos sociales, a lo que el gobierno marroquí respondió con una progresiva represión. Un régimen como tal no podía aceptar disidencia de ninguna clase, y menos en un territorio en el que independentistas saharauis y marroquíes reivindicaban como suyo.
El asesinato de un adolescente saharaui por parte del ejército marroquí el 24 de octubre vaticinó lo que más adelante se convertiría en el peor conflicto de la zona desde hacía 35 años. Poco días después la cobertura mediática internacional, atraída por los conflictos que se iban sucediendo, fue percatándose de la progresiva opacidad informativa del gobierno marroquí, y la cada vez más tensa relación entre los medios y el régimen alaui.
Durante los días siguientes al asesinato del adolescente saharaui la tensión se fue acumulando, y Marruecos iba mostrando su clara intención de mostrarse intolerante ante lo que denominaba una “violación, alteración y puesta en duda de la marroquinidad” del Sáhara Occidental, en palabras del monarca Mohamed VI de Marruecos. Poco a poco la actitud represora del régimen marroquí fue intensificandose, tal y como afirmaron el 4 de noviembre miembros del Frente Polisario al alegar que el campamento de protesta estaba siendo sitiado por el ejército marroquí, mientras en El Aaiún decenas de jóvenes manifestantes protestaban con barricadas y hogueras.
El 8 de Noviembre la tensión se desató completamente. El gobierno marroquí intervino violentamente en el campamento de Gdem Izik con cañones de agua, gases lacrimógenos y porras para así acabar con la protesta saharaui.
Pronto los medios de comunicación, especialmente españoles, se hicieron eco de la noticia, que suponía una violación flagrante de los derechos de la población saharaui e incluso crímenes de lesa humanidad, tal y como afirmaban miembros del frente Polisario. La opacidad informativa se intensificó enormemente, e incluso era totalmente imposible viajar hacia El Aaiún sin el consentimiento del gobierno marroquí. Los disturbios se trasladaron, una vez desalojado el campamento de protesta de Gdem Izik, a la capital El Aaiún, donde los saharauis levantaron barricadas de piedra y proclamaron su independencia mientras la policía cargaba contra ellos. La ciudad estaba tomada por completo por las fuerzas del orden marroquí, y era imposible acceder ni salir de ella.
El mismo día en Nueva York comenzaban las conversaciones entre el frente Polisario y Marruecos, bajo auspicio de la ONU, que buscaban decidir una nueva fecha para una nueva citación. Pero ni siquiera los disturbios en El Aaiún fueron denunciados por Naciones Unidas, que constantemente instaba a ambas partes a “ejercer la mayor contención” posible durante el conflicto para poder llegar a una solución, tal y como afirmaba el portavoz de la ONU Martin Nebrisky.
La respuesta española tampoco denunciaba lo ocurrido. La ministra de exteriores Trinidad Jiménez coincidía con la decisión de la ONU: era necesario esclarecer todos los hechos y hacer una investigación objetiva sobre lo ocurrido, al igual que “evitar que el conflicto sea mayor” e instar a ambas partes a que se “reanuden cuanto antes las conversaciones”. España era en parte responsable de la situación de la población saharaui, pero aún así la ministra de asuntos exteriores abogaba porque las Naciones Unidas debían “ampliar sus capacidades para la vigilancia y protección de los derechos humanos” en el Sáhara Occidental.
Mientras tanto El Aaiún seguía ocupado militarmente, y se realizaron alrededor de 600 y 800 detenciones a saharauis supuestamente implicados en la protesta, tal y como afirmaba el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por otra parte, organismos como Human Rights Watch pudieron acceder a la zona para realizar un estudio objetivo de lo ocurrido. Su conclusión desmentía la hipótesis saharaui de que había alrededor de 36 fallecidos, pero aún así la organización contó 2 muertos saharauis y 11 policías marroquíes.
Al margen de las especulaciones, la escasa transparencia informativa de Marruecos y la impasividad de la ONU y España, principales responsables de la situación en el Sáhara, la situación de la antigua colonia española no puede seguir en ese limbo judicial en el que se encuentra de un tiempo a esta parte. Es totalmente inaceptable que exista, en pleno siglo XXI, una región que aún no haya sufrido el proceso de descolonización que ya tuvieron decenas de países durante todo el siglo XX. Si bien es cierto que la mayor culpa recae en el gobierno marroquí, que se ha opuesto siempre a la organización de un referéndum en el Sáhara, España también es responsable de la integridad de este pueblo, ya que garantizó la organización de un referéndum de independencia que, despues de 40 años de conflicto, aún no se ha celebrado. Es cierto que es un tema especialmente delicado para las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Éste último es un gran aliado en la lucha contra el terrorismo islamista y la inmigración ilegal, y el comercio entre ambos países es de gran importancia para la economía de ambos. Aún así, una violación de los derechos humanos debe ser denunciada por encima de todo tipo de relación bilateral, comercial o diplomática. Y más siendo España aún responsable de la situación del pueblo saharaui.
[1] Durante todo el conflicto, desde hace 35 años, Marruecos siempre se ha opuesto a que se realizara un referéndum de independencia del pueblo saharaui, a sabiendas de que no sería para nada favorable para el gobierno marroquí.
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